Comparte esta noticia

Miércoles 25 de noviembre de 2020.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso

Durante la semana del 16 de noviembre fue publicado en el medio electrónico elciudadano.com[1], el Decreto 2.765 del 8 de julio de 1974, a través del cual se expulsa de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, a 300 académicos/as, funcionarios/as y estudiantes, entre ellos a dos miembros y compañeros del actual Claustro del Instituto de Historia y Ciencias Sociales: los historiadores Leopoldo Benavides Navarro e Itamar Olivares Iribarren, en aquel entonces profesores del Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos. Junto a ellos, por el mismo decreto, fueron desvinculados otros académicos, que años más tarde -luego de pasar por la tortura, exoneración y exilio-, también se reincorporaron a nuestra Facultad. Fueron los casos de los filósofos Osvaldo Fernández Díaz y Francisco Ugarte Tello. Otros fueron asesinados por la dictadura cívico-militar, como ocurriera con el profesor-ayudante de Félix Figueras Ubach.[2]

 El Decreto 2.765 del 8 de julio de 1974, que publica el mencionado diario electrónico, es una “fuente” que nos muestra un itinerario  de  prisión ilegitima y exterminio que afectó a muchos académicos/as, funcionarios/as y estudiantes universitarios. Gran parte de estos sufrieron esas violencias luego de ser delatados por algunos de sus propios pares, convertidos en parte de una máquina de espionaje, infiltración y delación. Producto de tales prácticas, sus víctimas iniciaron un tránsito incierto que interrumpiría sus proyectos de vida y de desarrollo profesional, todo en el marco de una “Guerra interna” y de la correlativa aplicación de políticas inhumanas que destruirían la universidad pública estatal-nacional construida a lo largo del siglo XX.

 La tortura, el asesinato y el miedo latente, fue por muchos años la condición del sostenido proceso de desarticulación del sistema universitario chileno, todo para culminar con la introducción de una política privatizadora que se instalaría desde los años ochenta en consonancia con la racionalidad neoliberal orientada por la reproducción ampliada del capital. De este modo se fracturaron también los procesos de reformas estructurales  modernizadoras y democráticas vinculadas al movimiento mesocrático-popular que en nuestro país se desplegara desde comienzos del siglo XX. Proceso que a fines de los sesenta, además de la autonomía académica y financiera de la Universidad, terminó consagrando la triestamentalidad y la democratización de las casas de estudio, lo que  encontró su sanción jurídica en el Congreso Nacional durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Estas fueron las universidades que la dictadura cívico-militar destruyó, reemplazándolas por las que hoy tenemos, en donde el miedo sencillamente ha cambiado sus causas, pasando a ser su motivación central la precariedad laboral, el desfinanciamiento y el no ser rentables.

 Aunque como académicos/as -y sujetos de memoria- dedicados a indagar en el pasado estábamos al tanto de los mencionados hechos, cuando sus huellas vuelven a emerger, nos sentimos interpelados de modo directo y obligados a pronunciarnos, tanto por respeto y solidaridad con nuestros compañeros de trabajo, como con nuestros estudiantes. Pero fundamentalmente en razón de que nuestra ética profesional pasa por el deber de memoria, convencidos de que, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en nuestro país y en nuestra Universidad, no todo termina con las causas judiciales, pues la magnitud del fenómeno excede largamente dicho formato. Es decir, por cuanto de lo que se trata es de situaciones en donde se asoma una crueldad insondable y abismal que no nos puede dejar indiferentes.

 Es necesario que las distintas disciplinas y expresiones de la cultura se hagan cargo de nuestro pasado, con el fin de estar en condiciones de elaborarlo en tan siquiera algún grado, ya que no se trata tan solo de “explicar” lo que sucedió, sino también de seguir viviendo, de poder construir una existencia a salvo.

  Si ya es difícil pensar una vida temporalmente próxima a esos horrores que parecen perseguirnos, una Universidad sometida al temor de expulsión o persecución por el simple hecho de exhibir un pensamiento u opción política contraria al poder de turno, es sencillamente imposible. Ese es el servicio que presta a la vida la memoria de las violaciones a los Derechos Humanos: una comunidad que no olvida es también un colectivo que está en guardia para reconocer conductas y prácticas abusivas, y dispuesto a oponerse a ellas. Desde su invención en la Grecia clásica, la democracia siempre requirió de la memoria y la valentía de sus integrantes como condición de existencia.

 Los episodios del pasado reciente nos plantean la necesidad de realizar una discusión acerca de cómo la Universidad de Valparaíso ha vivido los procesos políticos del país y cuál ha sido su respuesta frente las graves -y diversas- violaciones de Derechos Humanos ocurridas entre 1973-1990, lo cual constituye ciertamente un ineludible compromiso con la ciudadanía y la democracia.

Dr. Pablo Aravena (Director) / Dr. Patricio Gutiérrez (Director de Carrera) / Mag. Jaime Cortez (Coordinador de Extensión) / Dr. Jaime Lacueva (Director de Magíster) / Dra. Ivette Lozoya (Coordinadora de Comité Curricular) / Mag. Mario González (Coordinador de Prácticas) / Prof. Leopoldo Benavides / Dra. Graciela Rubio / Dr. Itamar Olivares / Dr. Héctor Arancibia / Dr. Germán Alburquerque / Dr. Luis Corvalán / Dr. Claudio Pérez / Dra. Marcela Cubillos / Dr. Francisco Vergara / Dr. Maximiliano Soto / Dra. Claudia Montero

[1] https://www.elciudadano.com/chile/el-ciudadano-revela-lista-de-300-expulsados-por-la-dictadura-en-la-universidad-de-chile-de-valparaiso-en-1974/11/18/

[2] https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=2425